Los anuncios oficiales que recientemente efectuaron los presidentes de Argentina y Brasil acerca de lo que ellos dan a entender como la inevitable construcción de una mega Central Hidroeléctrica Binacional en Garabí, desatienden todas las legislaciones vigentes en cuanto a acceso a la información e inclusión en la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad, especialmente de aquellas poblaciones que verán sus vidas afectadas si este proyecto se consuma.
La ocultación de información básica en los pueblos y ciudades es absoluta.
Resulta fundamental instalar el tema y poner al alcance de todos, cada detalle que tenga que ver con el proyecto Garabí. A su vez, los pueblos, a través de sus habitantes y organizaciones comienzan a reclamar que se garantice la participación plena de todos los misioneros en el proceso de decisiones.
No se está informando sobre los pueblos del sur de la provincia que sucumbirán bajo agua estancada. Nada se les dice a los miles de posibles afectados acerca de sus destinos de relocalizados. Los representantes del pueblo silencian información sobre el impacto ambiental y sanitario irreversible que provocará la mega obra. Todos los ciudadanos de Misiones tienen derecho a conocer y debatir sobre cada una de las consecuencias de la represa. Sólo nos hablan hoy, de beneficios poco claros que contrastan con el presente de una Misiones plagada de enfermedades producidas por una mega represa, con un río Paraná utilizable sólo para costosas actividades navegables, y que engendró casi cien mil relocalizados que hoy viven en condiciones de precariedad y hacinamiento inauditas, mientras seguimos pagando las boletas de luz más caras del país.
La Constitución Nacional obliga al Estado a fomentar y asegurar la participación social en la toma de decisiones sobre cuestiones trascendentales para las poblaciones. El pueblo debe demandar que esto se cumpla. No hay que permitir que la represa de Garabí ni ninguna otra represa en cualquiera de nuestros ríos, se construyan sin la aprobación de todos o la mayoría de los misioneros.
La ocultación de información básica en los pueblos y ciudades es absoluta.
Resulta fundamental instalar el tema y poner al alcance de todos, cada detalle que tenga que ver con el proyecto Garabí. A su vez, los pueblos, a través de sus habitantes y organizaciones comienzan a reclamar que se garantice la participación plena de todos los misioneros en el proceso de decisiones.
No se está informando sobre los pueblos del sur de la provincia que sucumbirán bajo agua estancada. Nada se les dice a los miles de posibles afectados acerca de sus destinos de relocalizados. Los representantes del pueblo silencian información sobre el impacto ambiental y sanitario irreversible que provocará la mega obra. Todos los ciudadanos de Misiones tienen derecho a conocer y debatir sobre cada una de las consecuencias de la represa. Sólo nos hablan hoy, de beneficios poco claros que contrastan con el presente de una Misiones plagada de enfermedades producidas por una mega represa, con un río Paraná utilizable sólo para costosas actividades navegables, y que engendró casi cien mil relocalizados que hoy viven en condiciones de precariedad y hacinamiento inauditas, mientras seguimos pagando las boletas de luz más caras del país.
La Constitución Nacional obliga al Estado a fomentar y asegurar la participación social en la toma de decisiones sobre cuestiones trascendentales para las poblaciones. El pueblo debe demandar que esto se cumpla. No hay que permitir que la represa de Garabí ni ninguna otra represa en cualquiera de nuestros ríos, se construyan sin la aprobación de todos o la mayoría de los misioneros.
Revista "Superficie" Nº3 noviembre de 2008.
